Un servicio público solo es útil si está disponible cuando el ciudadano lo necesita. Incluso a medianoche. Incluso un domingo.
En un Estado que busca ser moderno, confiable y digital, la tecnología no puede permitirse descansar. La continuidad operativa es hoy uno de los pilares más estratégicos de la infraestructura pública. Por eso, planear una infraestructura digital 24/7 no es solo un asunto técnico: es una responsabilidad institucional.
Este artículo está diseñado para líderes de tecnología en el sector público que enfrentan el reto de asegurar que los servicios digitales de sus entidades no se caigan. A continuación, desglosamos los pilares esenciales para construir una infraestructura robusta, los estándares clave que garantizan la calidad, los errores más comunes que pueden dejar fuera de línea a una institución y ejemplos reales de éxito regional.
Una infraestructura digital 24/7 es aquella capaz de garantizar que los sistemas críticos del Estado (como salud, justicia, seguridad, educación o atención al ciudadano) operen de forma ininterrumpida, segura y escalable. Ya no basta con “tener servidores”. Hoy, la infraestructura debe ser resiliente, interoperable y preparada para responder incluso en escenarios de crisis.
Esta disponibilidad continua no es solo una necesidad técnica: es una expectativa ciudadana y un mandato ético. Cada vez que un sistema público falla, también lo hace una promesa institucional. Por eso, el diseño de una infraestructura digital moderna debe comenzar con una visión clara de sostenibilidad operativa.
Construir una infraestructura que nunca duerme exige mucho más que capacidad instalada. Requiere una arquitectura consciente del riesgo, integrada en sus componentes y respaldada por personal calificado. Estos son los seis pilares fundamentales que toda entidad pública debe considerar:
Contar con múltiples rutas de acceso, conexiones anilladas y enlaces submarinos permite garantizar que, incluso si falla una red, otra asuma el tráfico sin interrupciones. La redundancia no es opcional: es la base de una operación ininterrumpida. Además, una buena infraestructura debe monitorear el tráfico en tiempo real y anticipar fallas antes de que afecten al usuario.
Los ciberataques a entidades públicas son cada vez más frecuentes y sofisticados. Una infraestructura 24/7 debe incluir firewalls de próxima generación, sistemas de detección de intrusos basados en inteligencia artificial, y protocolos de respuesta automatizada. Pero tan importante como la tecnología es la cultura: la seguridad debe ser parte del diseño, no un parche tardío.
Ni todo en la nube ni todo en servidores propios. Un modelo híbrido ofrece lo mejor de ambos mundos: escalabilidad cuando se necesita, control cuando se exige. Para entidades públicas, es clave asegurar que los datos críticos permanezcan bajo jurisdicción nacional, sin sacrificar agilidad ni interoperabilidad con otros sistemas.
Frente a cualquier evento (fallas técnicas, incendios, ataques, desastres naturales) el respaldo geográfico permite recuperar la operación en minutos. No se trata solo de hacer backups, sino de tener réplicas en zonas físicamente separadas, con recuperación automatizada y validada con pruebas periódicas.
Los servidores necesitan más que electricidad: necesitan estabilidad eléctrica y enfriamiento constante. Sistemas de UPS duales, generadores de respaldo, subestaciones dedicadas y climatización CRAH redundante forman parte de la infraestructura invisible que sostiene la continuidad. Sin estos elementos, cualquier datacenter es vulnerable.
Finalmente, ninguna tecnología se mantiene sola. La presencia de un equipo técnico con experiencia, disponible en cualquier momento, marca la diferencia en momentos críticos. El soporte humano, y no solo automatizado, permite responder con sensibilidad, conocimiento del entorno y decisiones rápidas en caso de incidentes.
Cumplir con estándares internacionales no es solo un sello técnico. Es una señal de que la entidad está alineada con buenas prácticas globales en seguridad, disponibilidad y gestión de servicios. Algunos de los más relevantes incluyen:
Más allá del cumplimiento, estos estándares ayudan a estandarizar procesos, fortalecer la cultura tecnológica y aumentar la confianza de los ciudadanos y entes de control.
En la práctica, muchas entidades públicas cometen errores estructurales que comprometen su estabilidad tecnológica. Algunos de los más frecuentes incluyen:
Evitar estos errores no siempre exige grandes inversiones. Muchas veces, basta con rediseñar procesos, priorizar decisiones clave y trabajar con aliados que comprendan el entorno público.
En América Latina ya existen experiencias positivas que muestran que construir infraestructura digital 24/7 es posible, incluso con restricciones presupuestales o regulatorias.
En Colombia, el ICFES y SIMO1 han logrado manejar picos de demanda migrando a arquitecturas híbridas. La Agencia Nacional Digital ha impulsado estándares de seguridad y continuidad a través de la interoperabilidad, y MinTIC ha liderado proyectos como el Data Sandbox, que permiten innovar sin comprometer la seguridad de los datos.
En Perú, el SIS ha implementado un datacenter con certificaciones internacionales que fortalecen la disponibilidad del sistema de salud. La Secretaría de Gobierno Digital, por su parte, ha logrado consolidar servicios interoperables y plataformas centralizadas como parte del Plan Nacional de Gobierno Digital. SUNAT, con su arquitectura híbrida, es un modelo de tributación digital escalable y resiliente.
Estos casos demuestran que el cambio no solo es posible, sino urgente.
La mejor forma de saberlo es haciéndose preguntas clave:
La respuesta a estas preguntas no solo define el nivel de madurez tecnológica de la entidad. También refleja el compromiso institucional con la ciudadanía.
1. SIMO (Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad) es la plataforma digital oficial de la Comisión Nacional del Servicio Civil de Colombia que permite a los ciudadanos registrar su hoja de vida una sola vez y aplicar a múltiples convocatorias de empleo público, garantizando transparencia y mérito en los procesos de selección para cargos en entidades estatales.